Según la propuesta de esta plataforma, de la que forman parte organizaciones como CCOO, UGT, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Oxfam Intermón y Economistas sin Fronteras, entre otras, la mitad del montante total, unos 21.000 millones, provendría de un recargo de solidaridad de entre el 1% y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros, incluidas las acciones y participaciones en sociedades, singularmente las SICAV u otras de inversión en bienes inmuebles.

La finalidad de este recargo, señalaron, sería la financiación del coste de las medidas sanitarias provocado por la pandemia, mientras entren en vigor otras medidas de mayor calado entre 2022 y 2024, tras la reforma del modelo de financiación autonómica y local o los acuerdos en la OCDE para que las multinacionales paguen en el lugar donde obtienen sus beneficios.

Entre las medidas propuestas, destaca también un paquete de medidas destinadas a reducir la economía sumergida en 10 puntos porcentuales entre 2021 y 2024, que superaría la actual política de contención del fraude fiscal. Con ellas, las Plataformas de Fiscalidad estiman que podrían recaudarse unos 38.500 millones “que se pierden por la evasión, principalmente, de multinacionales, corporaciones empresariales y grandes fortunas”.

De esta forma, las Plataformas proponen cerrar la brecha recaudatoria de España respecto a la UE y la zona euro, de entre 60.000 y 75.000 millones de euros.

DESIGUALDAD

Además, las Plataformas recuerdan que, antes de la pandemia, un 26% de la población española vivía en riesgo de pobreza y exclusión social, y la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de persona, casi 600.000 familias carecen de ingresos, y subrayan que la pandemia de Covid-19 “ha profundizado la vulnerabilidad social y económica de millones de personas en España”.

Por ello, consideran que “en tiempos de crisis y de paro se tiene que garantizar la protección social a la infancia y la familia, manteniendo unos ingresos familiares dignos a través de transferencia de rentas a los sectores más golpeados por la crisis, como una renta mínima complementaria a la de las comunidades autónomas y las prestaciones por menor a cargo, así como garantizar la sanidad y la educación públicas universales y gratuitas y eliminar el sinhogarismo”.

En este sentido, apuntan que “con 6.405 millones de euros, unas 10 veces menos de lo que costó rescatar a la banca durante la pasada crisis económica, prácticamente cuatro millones de personas saldrían de la pobreza severa”.