Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, en la que resaltó su importancia en la lucha contra la crisis, indicando que “todos los países” han utilizado medidas similares, para que un shock temporal no desemboque en problemas estructurales.

En concreto, el gobernador destacó que el objetivo de la medida es que siga fluyendo el crédito, pero sin que los banco actúen de una forma imprudente, de manera que el riesgo de los créditos no lo asuman ni las familias ni las entidades financieras.

En cuanto a la ejecución de la medida, resaltó que “es muy positiva” y “va en la dirección adecuada”, con una actuación “muy ágil” por parte del ICO y el sector financiero, y apuntó que el volumen de las garantías concedidas hasta principios de mayo alcanzaba el 2,2% del PIB, en línea con la medida implementada en Francia (2,3%) y por encima del 1% de Alemania y el 1,4% de Italia.

En cuanto a las denuncias sobre determinadas conductas abusivas por parte de algunas entidades financieras en la concesión de los créditos avalados por el ICO, el gobernador del organismo supervisor reconoció que “no se pueden descartar” debido al gran número de sucursales y trabajadores que intervienen en el proceso, pero reivindicó que el Banco de España ha reforzado su actuación en la colaboración con las propias entidades y con el ICO, así como poniendo a disposición de los ciudadanos un servicio de reclamaciones, para evitar actuaciones abusivas y que se puedan identificar, así como garantizar que se cumplen los criterios.