La noticia sobre la clausura de este servicio figura en una comunicación que hoy envió la Junta a esta ONG, encargada de su gestión.

En dicho documento, la Junta sostiene que a causa de la crisis provocada por el Covid-19 se hace necesaria una “reprogramación presupuestaria para atender a la población afectada por la paralización de la actividad económica y la falta de ingresos”.

Este cierre se produce después de las críticas por parte de la Red Española de Inmigración a la gestión de las subvenciones del Gobierno andaluz, que están siendo investigadas en estos momentos por el Defensor del Pueblo tras la denuncia de dicha entidad por abandono de menores.

A día de hoy, la Red de Inmigración asegura "desconocer cuándo cobrará el presupuesto correspondiente a este mes de mayo", ya que desde el día 1 los menores se encuentran en los centros sin que exista ningún tipo de relación jurídica entre la entidad y la Junta de Andalucía.

Esta situación se produce desde 2019, explica, momento en que la Junta comenzó a gestionar los servicios de infancia a través de subvenciones que se publicaban y concedían con posterioridad a la prestación del servicio.

Esto ha provocado que el adelanto del dinero tuviera que ser afrontado de forma sistemática por las entidades, que "se convirtieron en los prestamistas a interés cero del Gobierno andaluz", denunció, y ha generado una incertidumbre constante entre el personal de los centros y sus usuarios.

En su comunicación, la Junta vincula la posibilidad de reapertura del centro a la “evolución de los flujos migratorios”, apuntan desde la red. Todo esto sucede "justo el día en que conocemos que los registros de menores tutelados por parte del Ejecutivo andaluz, 1.689 menores, no coinciden con los 3714 que tiene registrados el Ministerio del Interior", concluyó.