De ello informó este jueves el Ministerio de Justicia, que explicó que la decisión se tomó en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia, de la que forman parte, además del departamento que dirige Juan Carlos Campo, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas y el Consejo General de la Abogacía Española.

Este órgano analizó la evolución de los tribunales desde este martes, en que empezó a aplicarse la fase 1 de la desescalada, que incluye la prestación del servicio por entre un 30% y un 40% de la plantilla de los juzgados. A pesar de la menor plantilla, los datos indican que estas jornadas se desarrollaron “con normalidad y sin incidentes reseñables”.

No obstante, la Comisión de Coordinación acordó no cambiar de fase “ante la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios”. Las distintas administraciones y los abogados coincidieron en tomarse tiempo para evaluar “de manera sosegada las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede” judicial.

HASTA LA 'ACTIVIDAD NORMALIZADA'

Las fases de la desescalada en los tribunales fueron establecidas en la orden del Ministerio de Justicia aprobada este pasado 9 de mayo. Esta disposición prevé que la fase 1, denominada 'Inicio de la reincorporación programada', se prolongue durante al menos una semana tras su entrada en vigor, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La disposición recoge otras tres fases hasta la vuelta a la nueva normalidad. La fase 2 es la denominada 'Preparación para la reactivación de los pasos procesales” y prevé la reincorporación de entre el 60% y el 70% de los funcionarios. La fase 3 es la llamada de 'Actividad ordinaria con plazos procesales activados' que establece la vuelta al trabajo del 100% de la plantilla para el momento en que se levante la suspensión de actuaciones.

Por último, la fase 4, llamada de 'Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma', comenzará en el momento en que se supriman las recomendaciones sanitarias permitiendo el retorno al funcionamiento ordinario de cada órgano.

La norma, también consensuada en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19, busca conjugar el retorno escalonado al trabajo en los órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el máximo rigor en las medidas de seguridad laboral para garantizar la salud de todos los operadores jurídicos y los usuarios del servicio público de la Justicia.