Así lo defienden en una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez así como a los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los ministros de Sanidad y Ciencia e Innovación, Salvador Illa y Pedro Duque, respectivamente y en la que subrayan que la pandemia ha “demostrado” que “sólo” mediante un SNS “con recursos se puede hacer frente a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.

En este punto, insistieron en la urgencia de que medicamentos y productos sanitarios como mascarillas, guantes, resto de material de los Equipos de Protección Individual o ventiladores puedan ser adquiridos “en base a costes de fabricación y no de valor, disminuyendo la especulación actual en torno los mismos”.

De esta forma, a su entender, el SNS “preservará” fondos y, “a la larga, podrá contar con más recursos”. “Además, ninguna persona vería comprometida su salud por intereses económicos”, sostienen, convencidas de que es “preciso” que las administraciones públicas tengan también “mayor capacidad para discutir precios en las negociaciones con la industria” y que la ciudadanía conozca sus detalles para “reforzar” la “transparencia”.

Junto a ello, instan a potenciar “urgentemente” la investigación y el desarrollo a partir de estudios independientes de la industria “que no respondan a motivaciones económicas, sino del conjunto de la sociedad”. En este sentido, abogan por la creación de un fondo público de investigación para el desarrollo de medicamentos, vacunas y otros procedimientos y materiales relacionados con la Covid-19 “para no tener que depender de la producción extranjera, como está ocurriendo a lo largo de esta crisis”.

Además, instan al Ejecutivo a que haga uso de la figura de “licencia obligatoria” existente en el derecho internacional y en la legislación española y que permite la producción, uso, venta e importación de un producto por un tercero, pagando al titular los derechos de su uso.

Estas organizaciones puntualizaron que la crisis ha agravado el problema de la escasez de medicamentos y productos sanitarios necesarios para la contención y tratamiento de la COovid-19. Un problema que, recalcaron, “no es nuevo”.

A su entender, la mayor demanda mundial, la concentración de la producción en unas pocas empresas o los cambios en los criterios reglamentarios “están entre las causas que, en cierta medida, el Gobierno podría remediar”.

Según su criterio, el Ejecutivo “tiene el deber” no sólo de “asegurar” la calidad de los medicamentos y el acceso a los mismos, sino también de “crear las condiciones necesarias” para el desarrollo de una industria farmacéutica “pública, local, sostenible, productiva y responsable que produzca y comercialice medicamentos a precios justos”.

Para la Asociación Acceso Justo al Medicamento, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Civio, Salud por Derecho, Medicusmundi y la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, la implementación de esta ILP supondría conseguir mayor capacidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas para la Covid-19 desde laboratorios públicos y, muy especialmente, facilitaría su adquisición sin precios especulativos.