Así se recoge en el último informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2019 y hecho público este miércoles. El documento señala que el artículo 337 del Código Penal "excluye expresamente" del tipo de maltrato animal a los salvajes, "como es el caso del zorro".

Ese artículo prevé para quienes maltraten injustificadamente a algún animal doméstico o amansado, penas de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

El Defensor indica que los animales silvestres están "protegidos" por el artículo 45 de la Constitución, que impone a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales (entre los que deben entenderse incluidos los animales salvajes), con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Además, el apartado tercero de ese artículo contiene un mandato directo al legislador para que establezca sanciones penales y obligue a reparar el daño a aquellos que hagan un uso irracional de los recursos. "De aquí se derivaría la necesidad de que el Código Penal contemplara el delito de maltrato animal también respecto de la fauna salvaje", apunta el Defensor del Pueblo.

ACTUACIONES

La institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán hace este apunte al mencionar que el año pasado actuó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón a raíz de unas imágenes en las que se mostraba cómo un zorro era tratado "con extrema brutalidad y crueldad hasta su muerte". Esta administración acabó iniciando un procedimiento sancionador e imponiendo una multa a la persona infractora.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo expone en su informe que el año pasado inició varias actuaciones de oficio por maltrato animal, tras la muerte de cuatro caballos garranos en Oia (Pontevedra), y la falta de contestación de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia a una denuncia presentada por una asociación ecologista sobre la venta irregular de perros en diferentes páginas web, y del Auntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) a otra de una entidad ecologista por deficiencias en un núcleo zoológico.