Así lo revela el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2019 publicado este miércoles, que dedica un volumen exclusivo a la contribución de la inmigración a la economía española.

El texto tiene por objetivo desmontar una serie de "mitos y bulos" que circulan en torno a los ciudadanos inmigrantes, como que "viven de las ayudas públicas, realizan un uso excesivo de los servicios sanitarios" o perjudican a los trabajadores nativos.

Según sus conclusiones, la presencia de extranjeros entre los perceptores de pensiones contributivas es "testimonial" y no disfrutan de ninguna ventaja relativa en cuanto a las ayudas por desempleo. Además, el estudio destaca que uno de cada dos inmigrantes vive en situación de pobreza y que la ratio de pobreza juvenil (menores de 18 años) en los hogares con padres extranjeros en España es del 56%, cuando la media comunitaria se sitúa en el 37%.

El trabajo subraya la dificultad de encontrar datos desagregados ante la gran diversidad de ayudas y recursos que existen en España (rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, prestaciones por hijo a cargo, subsidios municipales...), pero insiste en que ninguna contempla la nacionalidad como criterio de elegibilidad. En cualquier caso, sostiene que las cuantías en general "son muy reducidas" y sólo llegan a hogares en situaciones límite.

En cuanto a la utilización de servicios sociales, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales reveló que, a lo largo de 2019, la red pública de centros de servicios sociales atendió a casi cinco millones y medio de usuarios, con un presupuesto de 1.800 millones de euros. De estos, 505.135 eran inmigrantes y 5.474, refugiados o asilados, lo que supone sólo el 5,7% del total.

Así pues, los datos descartan cualquier tipo de preferencia por razón de nacionalidad en el acceso a los servicios sociales. Si se observa algún tipo de sobrerepresentación, esta tiene que ver con la mucha menor renta que de media percibe este colectivo, aclara el Defensor.

ACCESO A LA SALUD

Otro "prejuicio" que desmiente el estudio tiene que ver con el supuesto mal uso de los servicios sanitarios por parte de los inmigrantes. Según sus resultados, este colectivo requiere muchas menos consultas médicas, pruebas diagnósticas y medicinas, con un gasto per cápita inferior al de la población nacida en España.

Por otro lado, el documento demuestra que el acceso generalizado a la sanidad con independencia de la situación administrativa de la población extranjera supone "una medida de eficiencia económica" y advierte de que relegar la atención médica de la población inmigrante irregular a los servicios de urgencias conlleva "unos costes económicos mucho mayores". Para el Defensor del Pueblo, el acceso universal a la sanidad "contribuye a la salud colectiva de toda la población", además de ser "una exigencia ética".

El informe también niega que exista algún tipo de excepción en el pago de impuestos para ciertos colectivos de extranjeros y destaca que la contribución de los migrantes laborales resulta muy importante de cara al mantenimiento de la Seguridad Social. Por último, el texto insiste en la aportación de la inmigración a la demografía española y al mantenimiento del sistema de pensiones y sostiene que el impacto de la migración laboral sobre el nivel de salarios, paro y empleo de los trabajadores nativos es "muy reducido y limitado en el tiempo". En general, eleva el nivel de empleo y contribuye al ciclo expansivo de la economía, concluye.