Así lo señala el informe sobre la actividad de esta institución en el año 2019, informe que ha sido presentado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

A este respecto, el informe señala que durante 2019 la preocupación de los ciudadanos por esta materia volvió a alcanzar niveles similares a ejercicios precedentes al año 2016 y añade que la razón es consecuencia del contexto actual, de aumento de precios de acceso a la vivienda (particularmente en régimen de alquiler) y escasos ingresos.

Esto hace, según el defensor, que cada vez sean más los ciudadanos que necesitan contar con estas ayudas para poder hacer frente a los gastos derivados de la vivienda.

La mayor parte de las quejas que presentan los ciudadanos se refieren al retraso en el abono efectivo de ayudas públicas a la vivienda que ya han sido concedidas y reconocidas por la Administración y a la demora en aprobar y publicar la relación de beneficiarios.

Por otra parte, el informe hace referencia a la especial vulnerabilidad de los jóvenes en el contexto económico actual ya que es el cupo de solicitantes vulnerables que sufre el mayor desajuste entre la capacidad y la dificultad de generar ingresos y el aumento de los precios de acceso a la vivienda.

OCUPACIONES ILEGALES

En esta materia, el Defensor advierte también de que el incremento más relevante de quejas recibidas se refiere a familias que escriben “desesperadas” para comunicar que no han tenido más alternativa que ocupar una vivienda vacía para ofrecer a sus hijos menores de edad un techo donde poder vivir.

A este respecto, lamenta que, en la mayoría de casos, esas familias llevan años solicitando la adjudicación de una vivienda pública protegida y que los padres muestran su desazón porque viven cada día con la angustia de no saber que podrá pasar y en cómo puede afectar todo ello al desarrollo de sus hijos.

“Huelga decir que esta institución no puede amparar las ocupaciones ilegales, dado que es un delito tipificado en el Código Penal, Pero tampoco puede mirar hacia otro lado ante situaciones que viven estas familias, que están desamparadas”, afirma el Defensor.

En este sentido, indica que cuando alguien ocupa una vivienda, la esperanza de que se le adjudique una vivienda pública desaparece, pues muchos reglamentos de adjudicación, como el de la Comunidad de Madrid, recogen entre sus requisitos el de “no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular”.

Por ello, cuestiona este tipo de limitaciones ya que sostiene que “parece evidente que la ocupación por una familia con menores de edad de una vivienda acredita precisamente la extrema necesidad, lo cual debería constituir un requisito a valorar por la Administración”.

En esta misma línea, concluye que “no es razonable que una familia acceda a vivir en la indigencia con el fin de poder presentar una solicitud de vivienda que, por otro lado, nadie puede garantizar que sea concedido”.