Lo dijo durante la sesión de control al Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Carlos Hugo Fernández –Roca Suárez, quien le interpeló por las razones por las que el Gobierno no aplica la Ley de Seguridad Nacional “en lugar de prorrogar el estado de alarma durante 50 días más”.

Robles destacó que “el mundo entero, España también”, está sufriendo una “pandemia sin precedentes” ante la cual los científicos dicen que la “única manera” de hacerle frente pasa por el “confinamiento de los ciudadanos”.

La titular de Defensa explicó que la “única manera constitucionalmente” existente en España para materializar los consejos de los científicos pasa por la aplicación del estado de alarma, un instrumento jurídico contemplado en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado en el artículo 4.b de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio.

Esto le sirvió para abundar en el hecho de que la declaración del estado de alarma no se aplica de manera discrecional por el Gobierno, ya que, para su activación, es obligatoria la aprobación de la mayoría de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso.

Por ello, agradeció a los grupos que hasta el momento han apoyado la aplicación de esta figura y sus respectivas prórrogas que hayan tenido en cuenta la “única preocupación del Gobierno: salvar vidas”, una máxima a la que invitó a Vox respaldar.

La ministra llamó al diputado de Vox a no enmarañarse en un debate jurídico y le instó a sumarse a “salvar vidas, que es lo que ha hecho y seguirá haciendo el Gobierno, aunque a su grupo parece que le moleste”.

Por esa razón, reiteró que el “único instrumento constitucionalmente válido” para poder salvar vidas de los ciudadanos durante el periodo de desconfinamiento es el estado de alarma, ya que “el virus sigue ahí” y la ciudadanía ha de tener “mucho cuidado” en esta fase, que, auguró, “no es fácil y sencilla”.

“Arrime el hombro y no haga ruido”, conminó al diputado de Vox.

Por su parte, Fernández-Roca Suárez dijo que existen instrumentos jurídicos “más garantistas” que el estado de alarma, como la Ley de Seguridad Nacional, y afirmar lo contrario, desde su punto de vista, supone “extender un bulo desde el propio Gobierno”.

Señaló que la Constitución no faculta al Gobierno para “suspender de forma generalizada y permanente” los derechos fundamentales de los ciudadanos, como acusó al Ejecutivo de haber hecho con el estado de alarma, que motejó como de “excepción encubierto”, durante el cual se “han cercenado 11 derechos fundamentales y libertades públicas”.

Insistió en que “no se puede activar el estado de excepción ‘sine die’” y se acogió a la Ley Orgánica que regula su aplicación para apuntar que su duración máxima no podrá exceder los 60 días, periodo de tiempo que se cumple hoy.

Por último, exigió al Gobierno que “corrija el rumbo 180 grados” en aras de dejar de “degradar la democracia” y que aplique la Ley de Seguridad Nacional, cuyo artículo 23.3 establece que su desarrollo “en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”.