El informe, correspondiente a 2019 y hecho público este miércoles, señala que la implantación de Madrid Central ha planteado "diversa problemática que, poco a poco, se va resolviendo".

La oficina dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán apunta que "algunos residentes se han quejado de la falta de información" sobre las medidas de Madrid Central, aunque toda la información está publicada oficialmente, aparece en la web del ayuntamiento y se han realizado campañas informativas antes y durante su puesta en funcionamiento.

"El conflicto se plantea cuando, transcurridos unos meses, al ciudadano le empiezan a llegar multitud de notificaciones de denuncias por acceso a la zona sin autorización. En el caso de algunos residentes o de personas que trabajan en esa zona, se han encontrado en que tienen más de 45 expedientes sancionadores como consecuencia del acceso diario al perímetro", indica.

El Defensor del Pueblo subraya que el plazo de prescripción de las infracciones leves es de tres meses, por lo que cuando esos ciudadanos "toman conciencia de que están infringiendo la normativa, ya han sido denunciados en reiteradas ocasiones".

"Todos los afectados coinciden en señalar que, si el ayuntamiento les hubiera advertido de la infracción, no hubiesen reincidido en dicha conducta. A día de hoy hay conductores con deudas de más de 6.000 euros en sanciones de tráfico por el motivo expuesto, aunque la casuística es muy diversa", añade.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid para que adopte "una solución razonable sin que prime el afán recaudador". "No es ocioso recordar que la moratoria que impuso la corporación municipal en la zona de Madrid Central, posteriormente levantada a raíz de varios pronunciamientos judiciales, provocó confusión en la ciudadanía", concluye.