La sentencia resuelve la denuncia presentada por los padres de tres estudiantes con necesidades especiales que no pudieron realizar algunos cursos para poder culminar sus estudios de Secundaria antes de la mencionada edad, y a los que las autoridades educativas irlandesas tendrán que pagar una indemnización de 10.000 euros.

La sentencia reconoce el derecho de dichos alumnos a recibir el mismo tratamiento que los de centros educativos ordinarios, que no se enfrentan a límites de edad para completar sus estudios de secundaria.

La Agencia para la Igualdad de Irlanda, organismo que lucha contra la discriminación en el empleo, la formación y la provisión de diversos bienes y servicios, ha acogido con satisfacción esta decisión que ha calificado como un importante avance para los alumnos con necesidades especiales.