Los datos compilados por las fiscalías provinciales hacen el recuento de diligencias abiertas hasta el pasado día 11 de mayo. Según esta última actualización, el ministerio público tiene en marcha tres investigaciones menos que la pasada semana, en que las residencias investigadas ascendían a 143.

Esta cifra es el resultado de sumar las nuevas actuaciones abiertas y restar las que han sido archivadas, en su mayor partes correspondiente a denuncias planteadas por distintos partidos políticos contra la gestión genérica de alguna comunidad autónoma o contra alguna residencia en particular.

Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 185 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito; y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados, que ascienden a 17 en todo el territorio nacional.

Hay residencias de toda España investigadas. En concreto 68 están en la Comunidad de Madrid y otras seis en distintos juzgados. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 24 en total y tres diligencias en los juzgados.

Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (14); Castilla y León (11); Galicia (12); Extremadura (4); Baleares (1); La Rioja (1); Aragón (2); Canarias (2) y Cantabria (1). También hay una diligencia remitida en Gandía (Valencia), sin que conste su desarrollo.

Además, la Fiscalía General del Estado indica en su última estadística que ya hay abiertas investigaciones en 17 juzgados, de ellas dos en Castilla-La Mancha, cuatro en Castilla y León, tres en Cataluña, una en Extremadura, una en Galicia y seis en Madrid.

En Andalucía, Asturias, Murcia, Navarra y País Vasco no hay ninguna diligencia penal abierta por el ministerio público. En Andalucía, la única denuncia presentada por Adelante Andalucía contra la Consejería de Salud de la Junta por la gestión en la residencia de mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), en la que hubo decenas de muertos, ha sido archivada.