Así se recoge en el informe 'Propuesta para que el Ingreso Mínimo Vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular', que la campaña 'Regularización Ya' hizo llegar este martes a partidos políticos y entidades sociales.

Según este documento, "alrededor de 600.000 personas en situación irregular sufren 'un limbo vital y administrativo', debido a una Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos durante tres años en este estatus”.

“Esto les empuja a la economía sumergida para poder sobrevivir, en un sistema que les invisibiliza y no les tiene en cuenta en ninguna de las políticas sociales", explica el informe.

La portavoz de esta iniciativa y secretaria de Servicio Doméstico Activo, Edith Espinola, destacó que la extensión de dicha ayuda “otogaría esa protección que, hasta ahora, el Gobierno no ha ofrecido a más del 40% de las trabajadoras de hogar, que quedaron fuera del subsidio”.

Por otra parte, la ampliación del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del Covid-19 del Ministerio de Igualdad establece que las víctimas de trata o de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución podrán acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital, cuando se hallen en situación irregular.

Por ello, desde #RegularizacionYa instaron al Gobierno a que la prestación incluya a todas las personas en estas circunstancias, pues "son uno de los colectivos más vulnerables" ante la pandemia del Covid-19. De eso modo, pusieron como ejemplo a Canarias y a las Islas Baleares, que ya han incorporado en sus rentas a inmigrantes sin papeles.