José María Benito, portavoz del SUP, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, que se haya sabido que el teléfono de Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, fue uno desde los que se llamó a los agentes y mandos policiales que presuntamente dieron el soplo a la banda etarra.

A este respecto, Benito sostuvo que “si se demuestra que, al final, los teléfonos son los que se está diciendo, desde el punto de vista político que duda cabe que alguna responsabilidad habrá que exigir”.

Sostuvo que estas responsabilidades deberían exigirlas los partidos políticos, aunque destacó que “sin conocer el contenido de esas llamadas es muy difícil que alguien resulte condenado por estos hechos”.

Por este motivo, concluyó que, en el llamado “caso Faisán”, “seguramente habrá alguna responsabilidad política, pero penal no la vemos por ningún lado”, al tiempo que remarcó que “desde el punto de vista penal esta historia tiene poco recorrido”.