Así lo anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien explicó que dicha norma comunitaria establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que se puedan considerar como planificación fiscal agresiva y que se producen en el ámbito internacional.

“Siempre ha sido una prioridad del Gobierno la lucha contra el fraude y contra la elusión fiscal”, afirmó la ministra, quien añadió que “en un momento como el actual, si cabe, se hace todavía más importante, más necesario que nunca, proteger a nuestro sistema tributario de prácticas ilegales o abusivas que lo debiliten o impidan obtener los recursos necesarios”:

Asimismo, Montero señaló el objetivo de la norma de evitar que se den prácticas fiscales injustas que sean para aquellos que sí contribuyen, apuntando que “no puede haber justicia social sin justicia fiscal” y que “ésta es una herramienta añadida”, para lograrlo.