El Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la Covid-19 aprobado el pasado 8 de mayo establece que se incorporará de manera presencial a los juzgados entre el 30 y el 40% de la plantilla a partir de mañana, martes.

Los letrados (antes secretarios judiciales) exigen a la comunidad, como responsable funcional del servicio, que tome medidas “urgentes” en relación al número y porcentaje de funcionarios judiciales que deberán acudir a su puesto de trabajo en cada una de las fases de la desescalada.

Los letrados denuncian la situación de aglomeración y de condiciones deficientes de las sedes judiciales, lo que a su entender hace imposible “aplicar los porcentajes” que se plantean desde el Ministerio de Justicia, sin saber exactamente cuántas personas pueden estar simultáneamente en el juzgado, según un criterio técnico, cuya determinación es “obligación de la Administración previa evaluación e inspección sanitaria y técnica, de todas las sedes judiciales”.

Insisten en que esas competencias no se deben delegar en los propios letrados. Denuncian también que tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia, “desconocen la situación de los juzgados y tribunales y las sedes judiciales”, y les recuerdan que lo que en ellas se vive “no es un mundo feliz”.

Los secretarios judiciales de Móstoles aseguran que en otros partidos judiciales como el de Leganés, personal técnico de la Comunidad de Madrid ha evaluado cada juzgado y ha delimitado los puestos que se pueden ocupar.

“Nuestros juzgados”, denuncian, “y las salas de vistas no tienen las dimensiones suficientes y, por tanto, es dudoso que haya dos metros entre las mesas, y según lo que nos digan podemos plantear formas de trabajar todos, o casi, de forma simultánea. Sería esencial conocer esto antes de plantearnos la forma de establecer turno de tarde, antes incluso de ofrecerlo voluntariamente”.