CSIF comparte con el departamento que dirige Juan Carlos Campo la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, pero las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada, advierte, “no son suficientes para proteger la salud del personal de Justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo”.

Entiende el sindicato que las medidas planteadas por Justicia “no garantizan test fiables previos a la reincorporación” para todos los funcionarios pese a que el CGPJ prevé realizarlos para jueces y magistrados. Señala también que la comunidad autónoma de Andalucía es la única que va a extender los test a todos los funcionaros de Justicia, a requerimiento de CSIF.

Tampoco garantizan la provisión efectiva de equipos de protección para todo el personal que se incorpore a partir del martes ni tampoco la posibilidad de que un funcionario pueda cesar en su actividad en el caso de que no disponga de estos equipos hasta que se le faciliten.

CSIF planteó al Ministerio de Justicia el pasado 22 de abril el diseño de un plan de realización de test fiables, del que todavía no ha recibido respuesta.

El sindicato critica que el Ministerio de Justicia plantea una desescalada al margen del plan general del Gobierno y “centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales y no en criterios sanitarios y de salud pública que son los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria”.

Entiende CSIF que la realidad es que estas medidas “no sirven” para atajar el previsible atasco judicial provocado por el parón ocasionado por el coronavirus que ha puesto en evidencia los denominados “males de la Justicia” tras años de instrumentalizarla políticamente y no resolver sus problemas reales.

Para CSIF hace falta mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el Ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha sido trasladado a las organizaciones sindicales de Justicia cómo va a afectar a las condiciones laborales del personal. No obstante, dice, va a seguir anteponiendo el diálogo y la negociación a cualquier otra consideración.