El Ministerio Público ha pedido a la sección décima de la Audiencia de Barcelona que ejecute la sentencia del 'caso Palau' una semana después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas a los responsables del saqueo del Palau de la Música y de la financiación ilegal de CDC.

Además, Anticorrupción pide al tribunal que haga los requerimientos oportunos para hacer efectiva la responsabilidad económica fijada en la sentencia, tanto la responsabilidad civil, fijada en 23 millones de euros para Millet y Montull, como el comiso de 6,6 millones de euros a CDC.

El expresidente del Palau de la Música Félix Millet; su mano derecha, Jordi Montull; la hija de este, Gemma Montull, y el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, resultaron condenados a penas de cárcel por el expolio del Palau y la financiación ilegal de Convergència. Sus abogados solicitaron la suspensión de la ejecución de la pena por el precario estado de salud de los tres principales condenados y teniendo en cuenta el actual estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

SENTECIA DEL SUPREMO

La Sala II del Tribunal Supremo confirmó el pasado 30 de abril la condena de nueve años y ocho meses de prisión, más multa de 4,1 millones de euros, a Félix Millet, y la de siete años y seis meses de prisión, con multa de 2,9 millones de euros, a Jordi Montull. El Supremo ratificaba además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio.

El alto tribunal confirmaba también el comiso de 6,6 millones de euros a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias. La sentencia de casación del Supremo mantiene la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 29 de diciembre de 2017 con muy ligeras variaciones.

La pena al extesorero de CDC Daniel Osàcar, pasó de cuatro años y cinco meses de prisión a tres años y seis meses, al ser absuelto del delito de tráfico de influencias y suprimirse la pena de 11 meses de prisión que se le impuso por ello.

Se le confirmaron tres años y seis meses de prisión, más multa de 3,7 millones de euros, como autor de un delito de blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable, con la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento (atenuante aplicada a todas las condenas del caso).

Ademas, el Supremo, en sentencia de 440 páginas de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, mantuvo el resto de condenas de prisión a los acusados que recurrieron en casación: dos años al abogado Raimón Bergós, un año y nueve meses al abogado Santiago Llopart y ocho meses al asesor fiscal Edmundo Quintana. Los otros cinco condenados por la Audiencia de Barcelona (con penas de entre ocho meses de prisión y un año y nueve meses), que eran empresarios, no recurrieron sus condenas al Supremo.

Entre los hechos probados de la Audiencia de Barcelona que ahora se confirman, destaca que los responsables del Palau, (donde una de las entidades que lo conforman, el Consorci, es un ente de derecho público) dispusieron de sus fondos en provecho propio: abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas particulares, o bien desvío directo de fondos del Palau al patrimonio particular de Félix Millet y Jordi Montull. También se vendieron al Palau locales propios a un precio superior al de mercado.