La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales publicó este miércoles en el BOE una resolución en la que determina que la convocatoria de 2020 de estas ayudas a las ‘telecos’ está dentro de las excepciones previstas en las disposiciones sobre trámites públicos por el estado de alarma y justifica su continuidad en aras a “la protección del interés general”.

El Gobierno ha convocado estas ayudas a la extensión de la cobertura de las redes públicas de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, con el objetivo de poder proporcionar cobertura al último 10% de la población que reside en zonas en las que no existe ese despliegue ni está prevista la instalación de redes de muy alta velocidad en los próximos tres años por parte de ningún operador.

“La importancia estratégica de dotar de cobertura de redes públicas de banda ancha de muy alta velocidad a este último 10% de la población, que generalmente se localiza en las poblaciones más rurales y dispersas de nuestra geografía, en su mayoría pertenecientes a lo que se ha venido conociendo como la España vaciada, ya era reconocida universalmente por todos los agentes sociales y económicos con anterioridad a la nueva situación creada por la Covid-19”, señala la resolución.

Ahora, con la pandemia, el Gobierno dice que se ha podido comprobar que las nuevas infraestructuras de conectividad de banda ancha de nueva generación desarrolladas en los últimos años han facilitado la continuidad de la actividad económica y social de muchas empresas y entidades, al tiempo que han aliviado la situación de confinamiento de los ciudadanos durante la crisis sanitaria.

En los primeros días de vigencia del estado de alerta, las redes de telecomunicaciones vieron incrementado su tráfico en aproximadamente un 80%, sin producirse situaciones de colapso de las redes fijas ni de las móviles de los distintos operadores, pero “lamentablemente", afirma la Secretaría de Estado, "las ventajas derivadas de la disponibilidad de una cobertura de redes de banda ancha de muy alta velocidad no han podido estar al alcance de ese citado 10% de la población ubicado en las zonas más rurales y dispersas”.

Según el Ejecutivo, las medidas que se han tenido que adoptar para mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19 han dejado "bien patente" que la continuidad de esta política pública en favor de impulsar la extensión de la cobertura de las redes públicas de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, reviste una significación en aras de lograr una mayor vertebración social y territorial.

“Es necesario que el apoyo financiero que las ayudas PEBA-NGA va a suponer y que resulta imprescindible para que los operadores de telecomunicaciones puedan afrontar con garantías el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en zonas cada vez más aisladas y lejanas, que proporcionan una menor rentabilidad, debe llegar cuanto antes a dichos operadores si se quiere materializar y dar continuidad a la política pública de extender la cobertura de redes de muy alta velocidad”, explica el acuerdo publicado en el BOE.

Con la convocatoria del PEBA-NGA de este año, el Gobierno esperaba facilitar el acceso a muy alta velocidad a 1.500.000 habitantes adicionales.