Esta es una de las conclusiones del primer informe que ha realizado la comisión asesora Covid-19-OMC que el Cgcom puso en marcha el pasado 21 de abril y en la que participan más de 30 expertos de diversas áreas para realizar propuestas de posicionamiento y responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, clínicas, profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea esta pandemia.

El informe deja claro que las pruebas diagnósticas para Covid-19 "son esenciales para la atención sanitaria y para la salud pública". "Y lo que preocupa es la validez de los test existentes, la confusión sobre su validación y la necesidad de dar trasparencia para que todos los servicios de salud y los expertos puedan compartir su conocimiento e información, de manera que las actuaciones sean efectivas, y coherentes en todo el Sistema Nacional de Salud".

Por ello, propone que el Ministerio de Sanidad cree una comisión técnica para optimizar la adquisición y uso de pruebas diagnósticas para Covid-19. Se trataría de una comisión de expertos, con amplia base autonómica, que debería permitir enfrentar el actual sistema de compra múltiple y no coordinada en el Sistema Nacional de Salud y permitir compartir sistemáticamente la información y las experiencias.

Esta comisión serviría también para difundir los problemas de marcas y lotes que pueden estarse identificando como inefectivos en unos determinados lugares, para investigar si es cierto, y tomar decisiones sobre su adquisición y uso con carácter general.

El informe considera que, en una crisis de salud pública, debe prevalecer la visión poblacional y el interés general. Los recursos escasos, en este caso de los medios diagnósticos, deben estar al servicio de las acciones prioritarias que permitan identificar y tratar a los pacientes para evitar la propagación de la epidemia.

El informe también reseña cuatro grupos de alta prioridad a la hora de utilizar dichos recursos diagnósticos como los trabajadores de centros sanitarios, residencias sociosanitarias, tareas de control y desinfección (Policía, UME, bomberos), y servicios de ayuda domiciliaria que puedan estar en contacto con pacientes afectados por Covid-19; los casos sospechosos y sus contactos; los pacientes internados en hospitales, particularmente los de larga estancia, y las personas de gran movilidad que entren en entornos de alta vulnerabilidad y baja prevalencia.