Así lo explica el Ejecutivo en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, despues de que la portavoz de Junts per Catalunya (JxC), Laura Borràs, pidiera explicaciones por una multa que guardias civiles pusieron a un ciudadano de Manresa (Barcelona) por no identificarse al incumplir el confinamiento domiciliario por el coronavirus. Según JxC, la denuncia realmente se puso porque esta persona se negó a hablar en catalán a los agentes.

Borràs preguntó por este incidente y pidió conocer “si los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña están recibiendo clases de catalán”, algo que partidos independentistas reclaman para los funcionarios del Estado destinados en Cataluña.

A este respecto, el Ejecutivo responde que “la Delegación del Gobierno en Cataluña planificó un primer curso de catalán” destinado a guardias civiles y policías nacionales que iban a tener como docentes a "profesorado voluntario acreditado". Sin embargo, el inicio de las clases, que estaba previsto para el 16 de marzo, debió de ser suspendido “hasta nueva comunicación” al decretarse el estado de alarma el 14 de marzo.

Sobre los incidentes en Manresa, el Gobierno explica que los guardias civiles actuaron “con total observancia de los protocolos y de su deber de aplicación de la normativa establecida”, ya que la persona a la que se pidió explicar por que no respetaba el confinamiento se negó a dar motivo alguno y a identificarse. Esto obligó a los agentes a sancionar a este vecino por desobediencia a la autoridad.