Campo se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció esta jornada para explicar las actuaciones de su departamento en relación con los efectos en España de la pandemia del coronavirus.

El responsable de Justicia defendió el decreto contra el colapso judicial, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y que incluye medidas como abrir los juzgados del próximo 11 al 31 de agosto ante la previsible avalancha de asuntos derivados de la crisis sanitaria. Otras medidas contempladas son que haya juzgados centrados en asuntos del Covid-19 o impulsar las gestiones telemáticas.

En este sentido, Campo dijo que sería “tremendamente grave” que este decreto no fuese convalidado en el Congreso, porque supondría que muchos ciudadanos tendrían que esperar “quince días o seis meses” para que se les resuelvan cuestiones relacionadas con la pandemia. El ministro aludía así al rechazo expresado a este decreto por Casado, quien sostiene que se pretende usar este procedimiento para cambiar una ley orgánica, lo que entiende puede ser inconstitucional.

El ministro defendió que el decreto está “absolutamente pactado” con todas las autonomías y con altos responsables del PP, por lo que no entiende el posicionamiento de Casado. Además, señaló que esta norma contra el colapso judicial no tiene “ni las más mínima mácula” de inconstitucionalidad.

POLÉMICA POR AGOSTO

Además, Campo defendió que con el decreto no se invaden competencias autonómicas, algo que le reprocharon durante la comparecencia los representantes de ERC y Bildu. En cuanto a la habilitación de agosto, el ministro señaló que hacer hábiles los juzgados del 11 al 31 de este mes fue negociado con las comunidades, algunas de las cuales pedían que se incluyesen más días.

Precisamente el abrir del todo los juzgados parte de agosto es algo que fue rechazado expresamente por partidos como PNV y Ciudadanos. Así, el peneuvista Mikel Legarda pidió al ministro que “reflexione” sobre esta decisión porque es una medida que genera “rechazo” entre los profesionales de la Justicia y “siempre hay caminos intermedios entre el todo y la nada”.

A su vez, Edmundo Bal, de Ciudadanos, se refirió a que declarar hábil la segunda mitad de agosto supone en la práctica “expropiar” las vacaciones de profesionales como los abogados o los letrados de la Administración de Justicia que tendrán que trabajar, ya que en este mes vacacional seguirán corriendo los plazos.

Por su parte, Carolina Telechea, de ERC, e Íñigo Iñarritu, de Bildu, sostuvieron que con el estado de alarma y con el decreto contra el colapso judicial se está produciendo de facto una “recentralización” de competencias en perjuicio de los Gobiernos autonómicos.