El real decreto ley establece una moratoria para que los trabajadores autónomos y las pymes con una facturación de hasta 600.000 euros aplacen al 20 de mayo el pago de impuestos del primer trimestre, que estaba previsto para el 20 de abril. De esta forma, se da un mes más a autónomos y pymes para presentar la liquidación del IVA correspondiente al primer trimestre del año, así como los pagos fraccionados de IRPF e Impuesto de Sociedades. En el caso de las declaraciones domiciliadas el plazo se amplía del 15 de abril al 15 de mayo.

MONTERO

Durante el debate de la convalidación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó la importancia de la medida para “facilitar el día a día” de las pymes y autónomos, destacando que detrás de ellos hay “miles de familias que están padeciendo los efectos de esta crisis” y que por ello son “la prioridad del Gobierno desde la primera norma aprobada”.

Así, la ministra subrayó que la crisis del coronavirus ha obligado al Gobierno a tomar “un conjunto de medidas sin precedentes para paliar sus efectos” y que “nunca antes un Gobierno ha realizado una apuesta tan directa y extensa dirigida a un colectivo”, en referencia a las decisiones aprobadas destinadas a ayudar a pymes y autónomos, que, recordó, suponen el 95% del tejido productivo de España.

En este sentido, Montero resaltó que la medida contenida en este real decreto ley supone “el aplazamiento tributario más importante de la historia democrática” de España, al permitir que alrededor de 3,4 millones de contribuyentes puedan aplazar los impuestos de abril, con un impacto positivo estimado de 3.558 millones de euros en su liquidez.

Por ello, la ministra afirmó que “este decreto establece medidas que benefician y dan un respiro a pymes y autónomos en el ámbito tributario” y apeló a la “responsabilidad” del resto de formaciones para convalidar la norma.

Asimismo, hizo un repaso a todas las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo, destacando que ya se permitió al principio de la emergencia que pymes y autónomos aplacen el pago de deudas tributarias de hasta 30.000 euros por seis meses, los tres primeros sin pagar interés. Sobre esta medida, recordó que afecta al 99,8% de los autónomos y al 94% de las pymes, e indicó que hasta ayer 400.000 contribuyentes han presentado 626.000 solicitudes de aplazamiento, por un valor total de 2.334 millones de euros.

RESTO DE GRUPOS

En cuanto al resto de formaciones parlamentarias, el diputado Víctor Valentín Píriz, del PP, consideró el aplazamiento tributario “justo y decente” pero criticó que el decreto es “insuficiente” y “un ejemplo de la lamentable gestión del Gobierno y de su improvisación”, por el retraso en su aprobación y que el aplazamiento sea tan sólo de un mes.

En cuanto a Vox, el diputado Víctor González celebró la adopción de la medida pero mostró dudas sobre su eficacia al considerarla “más propagandística que real”, señalando que afecta sólo a empresas pequeñas y criticó que el Ejecutivo actúa “tarde y mal” y carece “de algo parecido a un plan” sino que “quiere imponer un modelo” que “conduce a Venezuela y a la miseria”.

Por su parte, Txema Guijarro, de Unidas Podemos, mostró su esperanza de que la medida sirva “de alivio” a pymes y autónomos, y señaló que es una muestra de que “el Ejecutivo escucha”, aunque también reconoció que “no es suficiente por mucho que haga el Gobierno en esta situación”. Además, pidió que también se contemplen otras medidas en otros impuestos, como alargar el aplazamiento de pago de deudas tributarias hasta el final de 2020 o la ampliación de la Campaña de la Renta.

En cuanto a ERC, Gabriel Rufián, declaró que el real decreto ley supone “la buena noticia” de que “aligera la situación” de autónomos y pymes, pero también “una mala” porque “se queda corto y llega tarde”. Así, pidió que para la moratoria se tenga en cuenta los beneficios de las empresas, al considerar que usar la facturación es engañoso y propuso una serie de medidas para mejorar la liquidez de empresas y autónomos, así como una reforma fiscal “profunda” y “valiente” para incrementar la tributación de aquellas empresas y ciudadanos que más tienen.

Por Junts per Catalunya, el diputado Bel Accensi también señaló el voto favorable de su partido y reconoció “el esfuerzo” del Gobierno, pero criticó la poca antelación con que aprobó el aplazamiento, así como que sólo sea de un mes y se dirija sólo a empresas con una facturación inferior a 600.000 euros.

En términos similares se expresó la diputada María Muñoz, de Ciudadanos, quien apuntó el voto positivo de su formación pese a asegurar que la norma llega “tarde” y criticar que es “entre poco y nada ambicioso”, al aplazar la presentación de declaraciones en sólo un mes y por dirigirse a nada mas que las pymes y autónomos. Además, afirmó que “sirve para demostrar que su hoja de ruta está basada en la improvisación”, al criticar que se aprobó con pocos días de antelación respecto a los plazos.

En representación del PNV, la diputada Idoia Sagastizabal aseguró el voto favorable de su formación, pese a que no afecta al régimen tributario del País Vasco, argumentando que dará “oxígeno” para autónomos y pymes y que sería injusto que tuvieran que cumplir “con unas normas pensadas para una situación de normalidad cuando estamos en una situación de excepcionalidad”.

El diputado José María Mazón, del PRC, también indicó su apoyo a la convalidación del texto, aunque lo consideró “manifiestamente mejorable” porque, en su opinión, los plazos tan cortos suponen incertidumbre y abogó por ampliarlos y, al mismo tiempo, proponer incentivos para que aquellos contribuyentes que sí pueden pagar en plazo lo hagan.

Por Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, mostró su apoyo a la convalidación al considerar “más que razonable” el aplazamiento del pago de impuestos ante la situación actual, aunque pidió más medidas fiscales “proactivas” para incentivar la recuperación económica y generación de empleo.