Según informó el Ministerio de Justicia, el decreto aborda “las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento”, al tiempo que “tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito”.

El departamento que dirige Juan Carlos Campo explicó que la norma aprobada este martes por el Gobierno “también trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia”.

Además, Justicia explicó que, a pesar del rechazo del líder del PP, Pablo Casado, a apoyar el decreto, el mismo es fruto “del diálogo constante y reforzado” de este ministerio “con todas las administraciones y colectivos con intervención en la Justicia que se ha mantenido a lo largo de todo el estado de alarma”.

“EVITAR AGLOMERACIONES”

En cuanto a la estructura del decreto, Justicia explicó que se articula en cinco bloques de medidas. El primero de ellos alude a la seguridad en el trabajo; el segundo está encaminado al impulso a la recuperación de la actividad judicial; mientras que el tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital.

El cuarto área incluye medidas procesales con la finalidad de evitar confusiones en el cómputo de plazos, mientras que el último apartado es un paquete de medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.

Sobre las actuaciones concretas, Justicia explicó que en el texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros “se establecen medidas para favorecer la impugnación colectiva de los ERTE en las pymes y se tramitarán preferentemente las reclamaciones presentadas por moratorias, ayudas públicas y despidos motivados por el período de confinamiento, entre otros”.

Otras medidas son que podrán establecerse turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales “para evitar las aglomeraciones y evitar contagios”, al tiempo que “los actos procesales se realizarán, preferentemente, de manera telemática, y la atención al público, vía telefónica o por correo electrónico siempre que sea posible”.

La norma permite dedicar temporalmente órganos judiciales a asuntos derivados de la crisis del Covid-19 y prevé que los funcionarios de Justicia presten servicio en otros juzgados y tribunales de su municipio dentro del mismo orden jurisdiccional.

Al mismo tiempo, se regula el reinicio del cómputo de los plazos procesales suspendidos y se amplía el plazo para formalizar e interponer recursos en aras del derecho de defensa de los ciudadanos y ciudadanas.