Así lo estableció en un vídeo enviado a los medios de comunicación el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, quien será uno de los representantes de Unidas Podemos en la comisión que creará esta tarde la Mesa del Congreso de los Diputados, aprobando una solicitud ya registrada por este grupo y el Socialista, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara.

Junto a Asens estarán el portavoz del grupo, Pablo Echenique; y los portavoces adjuntos, Sofía Castañón y Enrique Santiago. Como informó Servimedia esta mañana, no estará el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, porque, al no prever la propuesta de PSOE y Unidas Podemos representación del Ejecutivo sino estrictamente parlamentaria, tendría que haber participado en calidad de diputado raso del grupo, cuya dirección abandonó al ser nombrado vicepresidente.

Asens, quien prefiguró para “la semana que viene” el inicio de los trabajos de la comisión, describió ésta como “un espacio fundamental para alcanzar un acuerdo social” y que, a diferencia de la de 2008, “esta crisis no la paguen los de siempre”.

El presidente de Unidas Podemos advirtió de antemano que la comisión no puede suponer “una trampa del PP para cerrar en falso la reconstrucción post-covid”, sino ser “una caja de resonancia que se haga eco de las demandas de la gente”; unas demandas que él, como otros portavoces de la formación, identificó con los postulados de ésta, aunque avanzó que “será necesario mucho diálogo”.

Así, señaló la protección de los derechos de la ciudadanía, en especial la más vulnerable, y la solidaridad como principio básico de la solución. Y, entrando en detalles, enumeró como “puntos irrenunciables” para Unidas Podemos que, en primer lugar, “gobierne quien gobierne debe salir de esa comisión un compromiso contra los recortes”; y, en segundo, que “no se puede volver a mercantilizar ni privatizar la sanidad pública”.

Asens también estableció que debe haber un compromiso de que “el ingreso mínimo vital venga para quedarse”, y avanzó que Unidas Podemos postulará el derecho a la vivienda, la transición ecológica y la descentralización hacia las comunidades autónomas y los municipios.