Borràs se hace eco de una noticia publicada al respecto informando de esa supuesta renovación en el permiso y se dirige al Ejecutivo desde la premisa de que ni el decreto que declaró el estado de alarma ni ninguno de los posteriores "prevén la restricción de derechos fundamentales, toda vez que de haberlo previsto se habría tenido que acudir a otro marco constitucional".

Así, pregunta si "se ha propuesto y/o adoptado algún otro tipo de medida restrictiva de derechos de la cual no se haya dado cuenta, hasta ahora, al Congreso", como serían estas escuchas; si "ha existido algún tipo de coordinación entre el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional para tan ilegítima medida", "cuántas escuchas telefónicas y cuántas líneas se ven afectadas", "desde cuándo se vienen realizando este tipo de actuaciones" y "qué autoridad fue la que ordenó que se procediese de esta forma por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado"?

Además, en el caso de las escuchas ambientales, que requieren intervenciones directas, de manera regular, sobre los equipos

que se utilizan para la grabación, la portavoz de Junts pregunta "cómo se está llevando a efecto dicha

intervención directa y con qué medidas de prevención sanitaria", y otro tanto respecto a la supervisión y revisión de las interceptaciones.

Finalmente, Borràs pregunta si el Gobierno ha informado al Secretario General del Consejo de Europa de que "está actuando como si se encontrasen temporalmente derogadas las obligaciones contenidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos", y de cuándo se lo comunicó y si le ha avisado de hasta qué momento estarán en vigor.