Así lo subrayó este lunes la secretaria general de SAE, María Dolores Martínez, a través de un comunicado en el que alertó de que dicha cifra “seguirá incrementándose” porque, a su juicio, los medios de protección “continúan siendo escasos”, una falta de material de protección frente al coronavirus que ya puso en conocimiento de la Fiscalía hace poco más de un mes.

En la actualidad, señaló que, “de los pocos que llegan, algunos forman parte de lotes defectuosos” y puso como ejemplo las mascarillas FFP2 Garry Galaxy, que, “tras haber sido usadas por los profesionales, se han tenido que retirar porque no cumplen con ninguna clasificación indicada en la normativa”.

“Estas mascarillas defectuosas han dejado expuestos a la Covid-19 a miles de profesionales, lo que ha incrementado el número de contagios y ha obligado al aislamiento a un importante número de sanitarios”, lamentó.

A este respecto, consideró “indignante” que los profesionales sanitarios tengan que continuar “mendigando” equipos de protección y la realización de test PCR para poder realizar su trabajo “con toda seguridad” así como que el “escaso material” del que disponen “sea defectuoso”.

Una, a su entender, “pésima” gestión que “pone en riesgo” la salud de los profesionales, por lo que urgió a que “alguien empiece a asumir la responsabilidad de esta situación”, dado que, según su criterio, esta “puede revestir carácter delictivo”.

Por ello, en su ampliación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la organización instó de nuevo a la incoación de aquellas diligencias “que permitan el esclarecimiento” de la situación de “desprotección” que, a su entender, “ha generado el uso de mascarillas defectuosas”.

“El simple hecho de pensar que el material puede estar defectuoso, está generando situaciones de inseguridad y estrés entre los trabajadores”, indicó Martínez, al tiempo que dijo esperar que, una vez se constante “esta realidad y su previsible dimensión penal”, los hechos se pongan en conocimiento del órgano judicial “competente”.