Las entidades firmantes quieren trasladar “su preocupación” por el impulso que se está dando a la figura del coordinador parental como figura habilitada para intermediar en conflictos entre los progenitores tras la separación o el divorcio, según explicaron en un comunicado.

En un documento remitido al Ministerio de Justicia, recuerdaron que la figura “no solo carece de regulación, sino que es una figura que se sirve de la coacción en los casos en que hijos e hijas presentan negativa a cumplir los regímenes de visitas”, indicaron.

Las firmantes manifestaron su preocupación ante el hecho de que “la alta litigiosidad de los juzgados de familia” pueda llegar a mitigarse depositando la resolución de conflictos en manos de personas “que pasan a ostentar un poder similar al de los jueces sobre la vida de los miembros de familias en litigio, con tan solo haber acreditado un breve curso de formación con contenidos que ya están siendo cuestionados por profesionales del Derecho y la Psicología”.

Las organizaciones consideraron “muy grave” que personas con una “insuficiente y dudosa” formación pasen a engrosar el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.

La misiva al ministro Campos critica, de manera general, los contenidos de cursos impartidos en diferentes universidades por evidenciar “la falta de la exigible perspectiva de género” y el “desprecio al conocimiento y consenso conceptual en esta materia”.