Lo dijo durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en la que dio cuenta de la gestión de la crisis motivada por la pandemia del coronavirus en el ámbito de sus competencias.

La jefa de la diplomacia española comenzó su alocución comentando que hace un par de meses era “imposible imaginar hasta qué punto una pandemia iba a transformar el contexto internacional, el debate de la política europea y española y nuestras vidas”, para, a continuación, trasladar su recuerdo a los fallecidos y su reconocimiento a quienes trabajan por mitigar las “terribles consecuencias” del coronavirus.

González Laya explicó las gestiones realizadas por su departamento para auspiciar el retorno de aquellos españoles que se encuentran en el extranjero. Lo hizo dando por concluida la fase de las grandes repatriaciones y concretando que actualmente se está trabajando en coordinación con la UE para tratar de facilitar el retorno de aquellos, “menos numerosos y más dispersos”, en vuelos de terceros y en “vuelos escoba”.

Previamente, González Laya comentó que la pandemia del coronavirus ha provocado la “mayor crisis consular en la historia”, que tiene su reflejo en la “mayor situación de bloqueo de viajeros de la fecha”.

Esto le sirvió para explicar la creación de una célula de crisis para abordarla y una campaña dirigida a instar y favorecer el retorno de viajeros que temporalmente se encuentran fuera de sus hogares a partir de “cuatro elementos fundamentales”: movilización de embajadas y consulados para localizar y contactar con los afectados, cambiar las recomendaciones de viaje para todos los países del mundo en la línea de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la puesta en marcha de difusión de mensajes y el envío de textos vía sms transmitiendo sugerencias a los españoles para que reconsiderasen sus planes de viaje.

La “avalancha de consultas”, dijo González Laya, provocó que se pusiera en marcha la sala de crisis de emergencia consular que nunca había sido activada a esta escala y que ha atendido más de 46.000 llamadas.

A ello se sumó que el pasado 17 de marzo se puso en marcha un sistema de mapeo que reveló “importantes bolsas de viajeros” con dificultades para volver, especialmente en Latinoamérica (Argentina, Ecuador, Perú, Honduras, Cuba, México, República Dominicana), el sudeste asiático (Filipinas, Indonesia y Nepal), África y Marruecos.

La ministra explicó que su departamento ha trabajado para “no dejar a nadie atrás” mediante la puesta en marcha de un “dispositivo de retorno ambicioso sin cuidar el presupuesto” a partir de cuatro principios: voluntariedad, vulnerabilidad, subsidiariedad y efectividad.

Esto le sirvió para confirmar que España ha organizado directamente 30 vuelos de retorno que han posibilitado el retorno de más de 7.000 ciudadanos y anunció que en los próximos días se producirán vuelos de regreso desde Argentina, Paraguay, Ecuador, Australia, Colombia, Bolivia y Filipinas.

También apuntó que desde la aplicación del estado de alarma Exteriores ha gestionado el regreso de más de 24.000 españoles, en una operación de una magnitud “sin precedentes y en una cifra que aumenta todos los días”.

La ministra explicó que su departamento ha gestionado el retorno de cooperantes españoles sitos en lugares con complicaciones evidentes como Afganistán, Mali y Sudán del Sur.

Tras manifestar que el sistema puesto en marcha por España ha sido elogiado por la UE, puso varios ejemplos del cuidado con el que han trabajado los funcionarios de españoles: Malta, donde un escolar con síntomas compatibles con la enfermedad pernoctó en el domicilio de una trabajadora de la embajada en ese país y regresó a su casa haciendo escalas en varios países vigilado por diplomáticos españoles; Irlanda, desde donde se fletó un vuelo que trajo a España a estudiantes; el uso de un avión que traía desde Irak a un relevo militar español para propiciar el regreso de un grupo de españoles que estaba filmando en el Kurdistán iraquí; y Ucrania, desde donde volvieron, vía Alemania, siete parejas que se encontraban en ese país por cuestiones de gestación subrogada, a pesar de la ausencia de un pasaporte español para sus hijos.

También mencionó que España se ha acogido al Mecanismo Europeo de Protección Civil y la creación de la plataforma telemática ‘Aloja’, para poner en contacto a españoles residentes en el exterior con otros que estén de viaje, de forma que los primeros puedan ofrecer un techo a los segundos durante la actual restricción de vuelos con España.

Al mismo tiempo, la ministra cifró en 1,5 millones de personas comunitarias y no comunitarias que han salido desde España hacia sus países y rehusó el uso de aviones del Ministerio de Defensa para repatriar españoles porque en una circunstancia tan excepcional como la actual se requeriría en exclusiva su flota de aeronaves. En ese sentido, comentó que la del coronavirus no es una situación comparable a la causada por un terremoto o huracán en lugar determinado, sino una pandemia mundial.

Reconoció que “queda trabajo por delante” y recomendó a los 3 millones de españoles que residen en el extranjero que no planeen viajes y permanezcan en sus casas siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales.

González Laya se refirió a los problemas habidos en la compra de material sanitario como consecuencia de las restricciones de terceros países a la exportación de estos útiles, tal y como sucedió con los respiradores adquiridos por determinados gobiernos autonómicos a Turquía e Israel.

Lo hizo explicando en que esto no sucede por simpatía o antipatía de un país hacia otro, sino por el temor a quedarse desabastecido, incidiendo en que lo ha hecho incluso la UE.

Sobre la adquisición de material de protección defectuoso adquirido por el Gobierno, explicó que actualmente todos los países del mundo están librando una competición sin precedentes en un mercado tensionado por una enorme demanda de todos los países por los mismos productos, que, además, se encuentran mayoritariamente en un único país: China.

Esto le sirvió para enumerar a Australia, Bélgica, Canadá, EEUU y Finlandia como países que han tenido problemas o dificultades similares al de España con la adquisición de material defectuoso o no apto.