Según un informe publicado este jueves por dicha entidad, en España se están invirtiendo 30 millones de euros en proyectos de investigación sobre el coronavirus repartidos principalmente entre dos instituciones: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Varios equipos de investigación españoles se suman también a este impulso a través de proyectos europeos con 2,4 millones de euros de financiación.

Por ello, el informe pide que, cuando los resultados de la investigación pasen de las instituciones públicas a manos de las compañías farmacéuticas para que desarrollen y comercialicen los tratamientos y vacunas, "su acceso esté asegurado y tengan precios asequibles".

Para ello es necesario que en España y en la Unión Europea se incluyan condiciones en los contratos que aseguren "que los medicamentos y vacunas tengan precios justos y que haya acceso abierto a los datos, sin monopolios". De este modo, explicó, podrán ser fabricados y comercializados por diversos proveedores.

Países como Australia o Canadá ya contemplan cláusulas de este tipo en sus contratos. Según el informe, en España existen medidas para afrontar los posibles retos que se plantean de precios abusivos, suministro y abastecimiento de vacunas, medicamentos, diagnósticos y otros productos necesarios.

El Gobierno puede hacer uso de las licencias obligatorias (es decir, suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico), mecanismo que está recogido en los acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. También dispone del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (Cemilfardef), organismo responsable de la producción de fármacos y otros recursos médicos que puede ser clave en este momento.

Por último, el informe subrayó que la atención a las enfermedades infecciosas víricas y bacterianas "ha sido muy escasa en los últimos años" y sigue dependiendo del impulso del sector público "por tratarse de un área poco rentable para la industria farmacéutica". "La crisis sanitaria del Covid-19 ha vuelto a dejar en evidencia que la agenda de investigación no puede estar definida por los intereses comerciales, sino por las necesidades de la población"; ahí los gobiernos y organismos internacionales tienen que asumir su protagonismo".