Esa sentencia condenó entre otros a los dirigentes de Sortu Joseba Permach y Rufino Etxeberria. La condena fue recurrida al Tribunal Supremo que rebajó la pena a cinco de los acusados y convirtió en firme la sentencia en 2015.

Desde entonces no se había ejecutado la sentencia por la dificultad de localizar cada uno de los establecimientos y hacerles un seguimiento, ya que su destino ha sido variado después de tantos años. Algunas han desaparecido, han cambiado de propietario o se alojaban en locales de alquiler.

Ahora la Audiencia Nacional ha comenzado a remitir las notificaciones para el cierre de las Herriko Tabernas y el embargo de las cuentas bancarias vinculadas a ellas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerció de acusación popular en el juicio, ha destacado que pese al tiempo transcurrido, la justicia “llega”.

Por su parte, la organización abertzale Sortu considera que el fallo que ampara los cierres fue una “escandalosa sentencia política” y un “robo a la izquierda abertzale y a Euskal Herria” y aseguró que habrá una respuesta política.