El magistrado, atendiendo una petición de la Fiscalía, llama a declarar como imputados al exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo; la exconsellera de Bienestar y Familia Irene Rigau; la exsenadora y exalcaldesa, Montserrat Candini; el exconseller de Política Territorial, Pere Macías; el exconseller de Empresa e interior con Artur Mas, Felip Puig, y el exconseller de Interior bajo presidencia de Carles Puigdemont, Jordi Jané, entre otros dirigentes convergentes.

Cita también a otros responsables políticos en organismos e instituciones de la Generalitat y excargos del partido como Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Glòria Renom, Montserrat Candini y Eduard Freixedes.

La Fiscalía sospecha que el dinero de las comisiones ilegales que se cobraron a cambio de obra pública acabaron en los bolsillos de directivos y altos cargos que después hacían donaciones personales al partido para escamotear la procedencia de los fondos.

Así, el Ministerio Público pidió el pasado 21 de enero que se investigaran a fondo las cuentas de Convergència para comprobar si como consta en dos informes de la Guardia Civil estas donaciones personales eran el mecanismo para la financiación ilegal de partido y de dos fundaciones vinculadas. Esos informes apuntaban a la correlación del cobro de comisiones y las posteriores donaciones.

El juez no tenía clara la apertura de una pieza separada y pidió concreción a la Fiscalía, que el 7 de febrero presentó otro escrito en el que acreditaba más firmemente la posible implicación de los ahora investigados con el blanqueo. De la Mata acordó entonces tomar declaración a Francesc Sánchez Vera, responsable jurídico de CDC, quien aseguró que las cantidades abonadas por estos altos cargos no se correspondían con las cuotas de afiliación ni a campañas extraordinarias de donaciones.

Entiende De la Mata que estos indicios son suficientemente sólidos para abrir una investigación e indica que “procede, en consecuencia, y como se ha solicitado, acordar la asignación a estas personas del estatuto de persona investigada, acordando recibirles declaración en el día y hora que se acordará en resolución separada una vez consideradas las especiales circunstancias sanitarias en que actualmente se encuentra el país”.