Según informó Justicia, Garrigues presidirá la comisión de expertos que redactará, por encomienda del ministro, un texto legislativo que regule de forma “coherente e integral” las facetas profesional, procesal y asistencial del derecho fundamental.

El objetivo de Justicia es abordar la creación de una norma que recoja en un mismo texto las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, como institución que afecta al desempeño profesional de los operadores jurídicos, la tramitación de los procedimientos y el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

El Ministerio destacó que el derecho de defensa es un pilar esencial en la configuración del modelo de Justicia, además de un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Este departamento añadió que “este derecho fundamental abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y satisfacer así su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Asimismo, Justicia indicó que la futura ley de defensa “deberá abordar el régimen en que los profesionales de la abogacía prestan este servicio, regulando la dimensión deontológica propia con su función”. El nuevo texto tendrá que “recoger también el régimen jurídico que detalle las facultades y salvaguardas de quienes participen en los mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción, como son la mediación o la conciliación”.