Las entidades financieras comenzaron el pasado 6 de abril a presentar al ICO las operaciones garantizadas con la línea de avales, abierta desde el pasado 18 de marzo, y los datos corresponden a las operaciones formalizadas hasta ayer lunes.

El 99% de las operaciones aprobadas han sido dirigidas a autónomos y pymes, por un importe avalado de más de 9.000 millones de euros y una financiación total de casi 11.300 millones de euros, según detalló este martes el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La línea aprobada por el Gobierno asciende a 100.000 millones de euros y ya ha habilitado dos tramos, de 20.000 millones cada uno. Se lanzó para facilitar la concesión de nuevos préstamos y renovaciones de financiación a empresas y autónomos con problemas de liquidez por las restricciones a la actividad por el Covid-19.

Su uso de esos fondos es para atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de liquidez e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias; excluyendo las refinanciaciones o la amortización anticipada de deudas preexistentes.

El aval cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.

Aunque en su origen se lanzó para préstamos, el Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley que extiende el uso de los avales para pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija.