Sector financiero
El Gobierno evaluará si la concesión de los avales del ICO merece algún “ajuste” para optimizar su uso
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La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, desveló este martes que se analizará cómo ha ido la concesión de la línea de avales del ICO por si hubiera que acometer “algún ajuste” de cara a futuro para optimizar su desarrollo y el apoyo de las empresas.
El estudio lo efectuará junto a la banca y el Banco de España y comprenderá su utilización tanto por parte de las entidades importantes como las pequeñas porque el interés es aprovechar toda su “capilaridad” para “llegar al conjunto de las empresas y pymes de nuestro país”, según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra refirió que el estudio se ha demorado algunos días para contar con un volumen mínimo de operaciones y recursos para efectuar el análisis, que ya se habría alcanzado este año para ponerlo en marcha.
Al ser cuestionada sobre algunas denuncias de que la banca podría estar aprovechando las líneas de avales del ICO para pedir garantías adicionales, Calviño explicó que los acuerdos para su uso “son muy claros” y exigen “trasladar a los clientes el beneficio del aval público” vía reducción de precios, ampliación de plazos, etc; además de prohibir de forma expresa obligar a contratar otros productos o servicios para su disfrute.
La línea de avales aprobada por el Gobierno en el ICO asciende a 100.000 millones de euros para ayudar a empresas y autónomos a lograr liquidez y evitar dificultades por tensiones de circulante con la parálisis de la actividad por las medidas de confinamiento frente al Covid-19.
En la actualidad el Ejecutivo ha facilitado dos tramos, por valor de 20.000 millones de euros cada uno, y los comercializan 86 entidades financieras de todo tipo y tamaño. Su uso está limitado a nuevos préstamos y renovaciones de financiación para atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de liquidez e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. No incluye, por tanto, ni las refinanciaciones ni amortización anticipada de deudas preexistentes.
El aval cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.
(SERVIMEDIA)
21 Abr 2020
ECR/mjg