Según el citado informe de los peritos, no se puede acreditar la “causalidad” entre las concentraciones y manifestaciones masivas permitidas desde el 5 hasta el 14 de marzo y los contagios por coronavirus.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares, que acusaba al delegado del Gobierno de prevaricación administrativa por omisión, por no haber prohibido las manifestaciones que se produjeron en ese período, la mayor de las cuales fue la manifestación del Día de la Mujer.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido el archivo parcial de la investigación en relación al delito de lesiones imprudentes por el que inicialmente abrió la causa contra del delegado del Gobierno contra el que, sin embargo, mantiene la imputación por el supuesto delito de prevaricación administrativa.

La jueza considera que una vez descartada la vinculación entre esas concentraciones y los contagios masivos no es posible continuar con la investigación por el delito de lesiones imprudentes por contagios supuestamente producidos cuando ya se conocía el riesgo de contagio.

Rodríguez-Medel mantiene abierta la investigación por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Tras la denuncia, la magistrada acordó la práctica de una serie de diligencias, entre las que estaban la solicitud de un informe forense sobre si las convocatorias masivas de esos primeros días de marzo suponían “un riesgo evidente” para la vida de los asistentes y si, a tenor de los conocimientos científicos en ese momento, era posible anticipar las posibles consecuencias.