Según informó este lunes la Policía, hay siete personas detenidas, entre ellos sus dos principales cabecillas, que fueron arrestados en las ciudades de Zamora y Salamanca; otro implicado fue capturado en la ciudad de Córdoba; tres en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva); y el último en la provincia de Málaga (Benalmádena). Se les acusa de delitos contra la propiedad intelectual, defraudación de las telecomunicaciones y usurpación del estado civil.

La Policía destacó que la operación es la más importante de este tipo en Castilla y León y una de las más relevantes hasta la fecha en España, ya que ha supuesto un golpe a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales y de televisión a través de grupos cerrados en redes sociales, que dificultan sobremanera este tipo de investigaciones.

Además, los encausados usaban identidades de terceras personas sin su conocimiento para que aparecieran como titulares de los teléfonos y de cuentas abiertas en las entidades financieras que utilizaban. A los miembros de la red se les han intervenido numerosos efectos, entre los que destacan siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno; casi 11.000 euros en efectivo; numeroso material informático y teléfonos móviles; y documentación acreditativa de los delitos investigados.

PÉRDIDAS DE 11,8 MILLONES

La investigación se inició a finales de mayo del 2019, a raíz de una denuncia presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en la Comisaría Provincial de Valladolid.

Tras diversas gestiones se pudo determinar la existencia de un grupo que distribuía ilegalmente contenidos audiovisuales y de televisión para, al menos, 15.000 usuarios en toda España, principalmente mediante el método denominado IPTV, a través de grupos cerrados en redes sociales.

Las pesquisas permitieron localizar en las ciudades de Salamanca y Zamora a los dos principales cabecillas de la red. También se supo el investigado en Salamanca administraba una página web que utilizaba para publicitar sus servicios ilegales y el segundo, desde su centro de operaciones radicado en Zamora, lideraba un grupo cerrado en una aplicación de mensajería. Posteriormente se logró identificar al resto de integrantes, los cuales de forma coordinada distribuían los contenidos ilegales audiovisuales y de televisión a miles de usuarios en España.

Durante los seis registros domiciliarios practicados en los domicilios de los investigados, se desconectó a un total de 5.673 usuarios, se cerró su página web, se bloquearon diversas cuentas de pago por Internet y otras plataformas de banca online que les servía para canalizar sus beneficios.

Por último se destaca que sólo el perjuicio patrimonial ocasionado en el último año a los titulares de los derechos asciende a la cantidad de unos 11.830.000 euros, habiéndose dejado de recaudar por la Hacienda Pública española unos 3.144.000 euros, con el consiguiente perjuicio para la sociedad en su conjunto.