En declaraciones a Servimedia, Poyato aplaudió la puesta en marcha de una renta mínima vital común en todo el Estado, y se mostró "comprensivo" en cuanto a los plazos. “Cuanto antes se apruebe, mejor, pero entendemos que es difícil de diseñar y que es importante hacerlo muy bien".

Destacó que es preciso cruzar los datos de Hacienda, de la agencia tributaria, con los de la Seguridad Social, y reclamó que además se tengan en cuenta las estadísticas del INE y de Eurostat relativas a los índices de pobreza y de riesgo de exclusión social de las familias.

Explicó que la plataforma del Tercer Sector se reunió la semana pasada con los ministerios de Inclusión y Seguridad Social y de Derechos Sociales, cuya "coordinación resulta esencial".

Sin embargo, más allá del acuerdo del propio Gobierno, que "ya se ha conseguido", esta prestación "debería contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía", como prueba del "compromiso contra la pobreza infantil, la pobreza severa y la desigualdad", subrayó Poyato.

En su opinión, el diseño de la futura prestación debe tener "muy en cuenta" la estructura de los hogares, e incluir distintos factores como la presencia y el número de hijos a cargo y de personas con discapacidad o en situación de dependencia, etc. Esto es, no solo el poder adquisitivo de los adultos.

Por otro lado, Poyato destacó la necesaria coordinación entre el Gobierno Central, las comunidades autónomas, las administraciones locales e incluso las entidades del tercer sector, que son las que trabajan a pie de calle y pueden realizar informes más exhaustivos.

Asimismo, pidió que la implantación de este ingreso "no suponga una disminución de las Rentas Mínimas de Inserción que ya existen en las Comunidades Autónomas". "Deben ser prestaciones complementarias", concluyó.