Así lo precisó el ministro de Consumo en una entrevista en el programa ‘La Mañana de la 1’, de TVE, recogida por Servimedia y en la que afirmó que en eso es en lo que el Gobierno “está trabajando en este momento”.

“Por eso todavía no está, porque estamos ahora ultimando este tipo de cuestiones”, agregó, para defender que las “medidas necesarias” para controlar la pandemia provocada por el coronavirus “implican una paralización económica y un efecto negativo sobre el crecimiento económico” por lo que estimó “fundamental” el “atajar esa crisis económica que se cierne sobre nosotros”.

En este punto, insistió en que a finales del pasado ejercicio más de 500.000 familias españolas vivían “sin ningún tipo de ingreso”, razón por la cual el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos “establecía la necesidad" de ese ingreso mínimo vital, que, apostilló, "ya estaba previsto antes de la pandemia”.

No obstante, subrayó que, para esas familias sin ingresos, durante el confinamiento “no es posible salir a la calle a buscarse la vida”, de ahí la urgencia, a su juicio, de “acelerar” la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital Puente que, antes de contar con una renta mínima “estructural”, permita “satisfacer una necesidad básica”. “En nuestro país hay mucha gente que tiene cero ingresos, no puede buscarse la vida para tener ingresos adicionales pero sigue teniendo gastos para sobrevivir”, recalcó.

Tras reiterar que el Ejecutivo “ha hecho un escudo social histórico, precisamente focalizando en esos sectores sociales”, añadió que, en la actualidad, está “discutiendo” cómo poner en marcha una “medida de urgencia” y que, a su entender, es una “necesidad acuciante para miles de familias”.

Y, al mismo tiempo, está trabajando para “garantizar” que esta propuesta “tenga coherencia” con un ingreso mínimo vital “para siempre” y “teniendo en cuenta que la gestión la hacen las comunidades autónomas y cada una tiene un programa diferente”. “Nosotros tenemos que establecer los criterios y homogeneizar, en la medida de lo posible, y las comunidades autónomas son las responsables de la gestión”, precisó.