Según informó hoy la Asociación El Defensor del Paciente, el hombre, de 39 años de edad en la actualidad, sufrió en el año 1988 una caída accidental con traumatismo craneoencefálico grave que le dejó como secuela un cuadro parkinsoniano.

Durante el verano de 2004, el paciente estuvo ingresado en un centro especializado, donde se aumentó su tratamiento habitual y comenzó a desarrollar alteraciones de la conducta. Posteriormente, empezó a tener un comportamiento compulsivo, aumentándosele la medicación para esa patología por propia iniciativa.

Entre diciembre de 2005 y febrero de 2006, el hombre ingresó en varias ocasiones en Neurología y Neurocirugía por presentar alteración del comportamiento y agitación psicomotriz con agresividad, que requirió sujeción mecánica y tratamiento farmacológico, así como síntomas psicóticos. También protagonizó varios intentos de suicidio al querer arrojarse al vacío.

Ante esta situación, los médicos aconsejaron su ingreso en un centro especializado en el tratamiento integral de pacientes con lesiones cerebrales donde pudiera ser atendido adecuadamente de sus secuelas tanto físicas como psiquiátricas.

Por tanto, el 20 de febrero de 2006 fue internado en la clínica ahora condenada, sin que se tomaran medidas específicas de control ni seguridad, aunque la situación psiquiátrica del paciente era perfectamente conocida por el personal, según consta en la hoja de evolución.

Tres días más tarde, aprovechando que se encontraba solo y sin vigilancia, el hombre se precipitó por el hueco de la escalera, teniendo que ser trasladado en estado muy grave al Hospital La Paz y permaneciendo casi un mes en la UCI debido a las lesiones que presentaba.

Tras recibir el alta, y dadas las secuelas neurosensitivas, traumatológicas y estéticas que sufría, el paciente fue ingresado en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María Ana, donde permanece en la actualidad.