En un auto, la Sala destaca que la AEGC no acredita indicios de las graves aseveraciones que se contienen de forma genérica en su escrito y que, por otro lado, quedan prácticamente desvirtuadas en la documental aportada por la Abogacía del Estado.

Según dicha documentación, explica la Sala, se acredita que desde finales del mes de enero, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, se está desarrollando una actividad preventiva, encaminada a evaluar los riesgos de la diferentes unidades en atención a los riesgos que se expone en cada una de ellas.

Además, los máximos responsables de la Guardia Civil están realizando las gestiones necesarias para el acopio de recursos preventivos en una situación mundial de desabastecimiento para paliar los riesgos de exposición al Covid- 19, "habiendo dado cumplida cuenta del material que se dispone y de los criterios adoptados para su uso".

En esta situación, el Tribunal entiende que "difícilmente puede apreciarse la actitud de inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud laboral que, de forma un tanto gratuita", imputa la Asociación Española de la Guardia Civil a la Dirección General del Instituto Armado.

Además, dicen los magistrados de la Audiencia, la medida que se solicita relativa a la entrega de los EPI y la realización de los test de forma indiscriminada a todos los agentes que se encuentren en servicio activo de protección de la seguridad, "lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecienta, poniendo, a juicio de esta Sala, en peligro un bien jurídico superior y trascendente al que se pretende proteger con la futura demanda, cual es la salud pública de la sociedad en su conjunto".

"En efecto”, continua el texto, “ante una situación de notoria y conocida escasez de recurso preventivos y de test diagnósticos eficaces para la detección del Covid-19, producida por el alcance mundial de los contagios producidos por el patógeno vírico, la pretensión de la parte, amén de trascender las competencias de la Dirección General de Guardia Civil”.

Igualmente advierte de que esa petición “pone en peligro el uso racional” que debe hacer la DGGC de “los recursos disponibles con relación a su plantilla -y atención a las particularidades de cada una de las actuaciones que se le encomienda para cada caso concreto-, así como las prioridades que al respecto puedan efectuarse por las autoridades sanitarias, en orden a la práctica de los test, para garantizar la salud colectiva".

En otro auto, la Sala rechaza también la medida cautelar solicitada por el Sindicato Alternativa Sindical de Policía para que se realicen de forma urgente test de detección rápida a los funcionarios de la Policía Nacional.

Respecto a su petición de que dicha medida se extienda al resto de cuerpos policiales y a la Guardia Civil, los magistrados estiman la falta de legitimación del sindicato para la ampliación de esta medida al resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.