Así lo han expresado a través de una carta abierta enviada al Gobierno a iniciativa de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, CECU, Médicos del Mundo, No Gracias, OCU, Salud por derecho y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y en la que defienden la necesidad de un aumento del gasto público en salud para atender las necesidades de los pacientes y “hacer frente a los problemas que han dejado los recortes de los últimos años”.

Tras insistir en la urgencia de contar con un sistema sanitario público “fuerte”, con la atención primaria "como base" y con capacidad para “responder” a las necesidades de la población, las asociaciones firmantes de esta misiva inciden en “lo necesario” que resulta “invertir” en este ámbito y las “repercusiones” que tiene “tensionar” el sistema sanitario, “tanto en términos de recursos económicos como humanos”.

Por otro lado, recuerdan que en los últimos meses han sido muchos los proyectos de investigación puestos en marcha en marcha para hallar vacunas o tratamientos que hagan frente a la Covid-19 y tildan de “imprescindible” que el Ejecutivo adopte medidas para salvaguardar toda esa inversión pública de modo que, una vez sus resultados recalen en el sector privado, se garanticen unos “precios justos” para los tratamientos que finalmente se desarrollen.

“El acceso a todas las personas que lo necesiten tiene que estar asegurado y eso solo se consigue evitando los monopolios y la exclusividad de las licencias en caso de transferirse un medicamento al sector privado”, precisan.

Asimismo, la carta demanda que aumente la investigación en enfermedades infecciosas y bacterianas y, en este sentido, las organizaciones piden un cambio en los criterios de la agenda de investigación para que esté definida por las necesidades de la población y no por la rentabilidad económica que puedan tener o no los tratamientos.

“Resulta urgente evitar la excesiva concentración de los recursos en unas pocas enfermedades e incrementar la financiación en una I+D biomédica diversificada y reequilibrada, que cuente con ensayos clínicos independientes”, señalan.

Junto a ello, demandan al Gobierno que garantice la sanidad universal, “sin excepciones” y le recuerdan que el virus “no entiende ni de lugar de residencia ni de procedencia”. Las pandemias y epidemias son problemas de salud pública que afectan a toda la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables y desde la atención sanitaria universal deben ser resueltas”, espetan los firmantes.

Además, subrayan que en la innovación “está también la clave” y aseguran que las “agendas de investigación deben responder a las necesidades en salud de la población y no solo a la rentabilidad”.

Las organizaciones que suscriben la carta abogan por la “transparencia y una buena rendición de cuentas” y afirman que, con ello, se asegura la “mejor toma de decisiones basada en las evidencias clínicas, los costes de desarrollo y producción, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y tecnologías sanitarias que se pongan a disposición de la población”.