De no ser así, propone que el Estado aplique la figura de "licencia obligatoria" o, incluso, que expropie la patente.

Según la asociación, la actual crisis ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una fuerte sanidad pública dotada con los recursos humanos y los medios necesarios.

En España, el sistema público de salud garantiza el acceso universal a los medicamentos, que para la AAMJ deben ser considerados "un derecho universal".

Sin embargo, este "gran logro social" está en riesgo por la escasa investigación en vacunas y antibióticos, ya que no son rentables para las farmacéuticas, advirtió.

Aseguró que también lo está a causa del incremento excesivo del precio de los medicamentos, que a su vez detrae recursos públicos de la contratación de profesionales y de otros servicios del sistema y, a su vez, dificulta la investigación.

En un comunicado, la AAMJ manifestó su preocupación por que la inmensa mayoría de las iniciativas de investigación para una posible vacuna son individuales. "No hay perspectivas de compartir conocimientos, y mucho nos tememos que las compañías actúen de cara a la patente".

Si finalmente la exclusividad de la patente provoca "precios exorbitados" en los futuros medicamentos y vacunas, millones de personas se quedarían sin ellos, advirtió la AAMJ.

En una situación como la actual, concluyó que el Estado está habilitado para obligar a las empresas farmacéuticas a suministrar el medicamento o vacuna a precios asequibles y en cantidad suficiente a las necesidades del país.