El Juzgado de lo Social número 10 acuerda ampliar el plazo de 24 horas dado a la Administración tras confirmar en un auto su resolución del pasado día 26 de marzo. Esa decisión fue recurrida por la Consellería.

El juez destaca que la provisión de equipos protectores depende de la “responsabilidad compartida” del Ministerio de Sanidad y de la Administración autonómica y establece la obligación de dotar también de material de protección a los profesionales de la sanidad privada en el caso de que pasen a disposición de las autoridades para combatir el coronavirus.

Tras constatar el riesgo al que se exponen los sanitarios, el juez insta a “redoblar los esfuerzos por parte de las Administraciones en orden a lograr el fin” de dotar de esos medios de protección que, de no entregarse, “no implicaría una simple infracción de medidas de prevención de riesgos laborales, sino una responsabilidad mucho mayor”.