Este Comité perteneciente al Consejo de Europa indica en su declaración de principios que la pandemia de la enfermedad por coronavirus “ha planteado retos extraordinarios para las autoridades de todos los Estados miembros”.

Señala que existen retos concretos e intensos para el “personal que trabaja en diversos lugares de privación de libertad, incluidos los centros de detención policial, las instituciones penitenciarias, los centros de detención de inmigrantes, los hospitales psiquiátricos y los centros de asistencia social, así como en diversas instalaciones recientemente establecidas en las que las personas son puestas en cuarentena”.

Admitiendo el claro imperativo de tomar medidas firmes para luchar contra el Covid-19, el comité recuerda a todos los actores “la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes” que “nunca deben conducir a un trato inhumano o degradante de medidas de las personas privadas de libertad”.

El Consejo de Europa aboga por “tomar todas las medidas posibles para proteger la salud y la seguridad de todas las personas privadas de libertad” y del personal que les atiende. También por la aplicación de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra la pandemia y advierte de que son de aplicación plena para esas personas privadas de libertad.

El Comité entiende que tendría que reforzarse el personal en esos centros y darles, además, apoyo profesional y protección de la salud, así como la formación necesaria para seguir cumpliendo con su labor. Insiste en que cualquier medida restrictiva adoptada con respecto a las personas privadas de libertad para prevenir el coronavirus “debería tener una base jurídica y ser necesaria, proporcionada, respetuosa con la dignidad humana y limitada en el tiempo”.

Todos aquellos privados de libertad deberían recibir amplia información, en un idioma que puedan comprender, sobre cualquiera de dichas medidas. Además, insta a las autoridades a buscar alternativas a la privación de libertad, especialmente cuando haya masificación en los centros de internamiento.

Así, sugiere medidas que sustituyan la detención preventiva, la sustitución de la pena, y la libertad anticipada y la libertad provisional; reevaluando la necesidad de continuar con el internamiento no voluntario de los pacientes psiquiátricos; dar de alta a los residentes de los centros de asistencia social, o velar por que reciban atención comunitaria, según proceda, y abstenerse, en la medida de lo posible, de detener a los migrantes.

En el sexto punto del documento, se recomienda prestar atención a la atención sanitaria de los recluidos con especial atención a los grupos vulnerables y a grupos de riesgo, como las personas de edad y las personas con patologías previas, lo que incluye realizar pruebas de detección y garantizar el acceso a los cuidados intensivos, según sea necesario.

Reconociendo la necesidad de suspensión de actividades no esenciales durante la pandemia, el Comité insiste en que se debe garantizar el derecho a una higiene personal adecuada, el derecho a acceder diariamente a zonas al aire libre al menos durante una hora y el refuerzo de medios alternativos a las visitas presenciales.

En los casos de aislamiento o de puesta en cuarentena de una persona detenida que esté infectada o de la que se sospeche que está infectada por el virus, se debería proporcionar cada día a la persona un contacto que sea significativo desde el punto de vista humano. Las salvaguardias fundamentales contra los malos tratos siguen en pie, aunque en algunas circunstancias, ciertas medidas, como el uso de mascarillas, pueden ser apropiadas.

Finalmente, defiende que los Estados sigan garantizando el acceso de los órganos de vigilancia a todos los lugares de detención, incluidos los lugares en los que se mantiene a las personas en cuarentena.