Así lo demanda en el documento titulado ‘Recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social para los Servicios Sociales ante la situación de Covid-19 y postcrisis’, en el que también analiza los aspectos más destacados del documento técnico de recomendaciones para responsables políticos y personal directivo de los Servicios Sociales de atención primaria ante la crisis por Covid-19, editado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y cuyas directrices considera “correctas y procedentes”.

Este consejo profesional advirtió como “aún más importante” si cabe la detección y “priorización” de los casos más vulnerables y urgentes usando para ello indicadores de vulnerabilidad y urgencia social y recordó que es “deber” de los Servicios Sociales conocer los casos en los que se requiera una atención concreta debida al nuevo contexto social.

Por otra parte, durante el confinamiento recordó la conveniencia de “reforzar” el servicio de teleasistencia y de habilitar servicios de comida a domicilio, en caso de que no se abran los centros de día a los que asistían con anterioridad o cuando exista riesgo de contagio. También estimó la necesidad de “avanzar” en la lista de espera y valorar, “en la medida de lo posible”, las “situaciones” específicas de las personas que han solicitado dependencia y “procurar afianzar la red de apoyo”.

Junto a ello, valoró como “muy importante” hacer un “seguimiento y acompañamiento continuo” a las mujeres víctimas de violencia de género que están viviendo con sus maltratadores y abusadores.

De otro lado, urgió a establecer también mecanismos de seguimiento a personas en proceso de rehabilitación de adicciones o personas en consumo activo.

Además, incidió en la idoneidad de tener en cuenta la “ruralización” de los territorios y garantizar la prestación y atención de todas las necesidades de sus habitantes reforzando los equipos de Servicios Sociales y servicios sanitarios, asegurando su provisión de alimentos y productos sanitarios y de higiene.

Asimismo, el Consejo General de Trabajo Social dijo echar en falta que el texto de la Secretaría de Estado no incluya la obligación de que las comunidades autónomas sigan tramitando y agilizando el procedimiento de adjudicación de rentas así como la necesidad de “generar y ampliar” ayudas de emergencia por la situación sobrevenida para personas en riesgo. También, la articulación de apoyos “complementarios” a la vivienda a las familias en riesgo de pérdida de vivienda por impago o el reforzamiento del seguimiento presencial y la atención de las personas sin hogar desde los servicios de atención a las urgencias sociales.

En paralelo, el Consejo General de Trabajo Social también ve relevante reconocer como “figura de autoridad pública” a estos profesionales para defenderles ante cualquier agresión sufrida en el ejercicio de sus funciones así como convocar al Comité de las Profesiones del Sector Sanitario y Social como órgano consultivo y de asesoramiento de las profesiones del sector sanitario y social.

Además, abogó por una “clara apuesta” por la intervención “desde la proximidad, la detección del riesgo, la transversalidad y los servicios sociales para luchar contra esta pandemia”.

Finalmente, defendió que resulta “preciso” hacer una “previsión del impacto” en el periodo “postcrisis” que permita consolidar los equipos profesionales, el incremento de los presupuestos y el impulso de medidas sociales ante la “previsible” crisis social y económica posterior a la pandemia.