El real decreto del pasado 17 habilitaba la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en entidades del sector público, reanudándose su cómputo cuando finalice el estado de alarma. No obstante, dejaba al organismo competente la posibilidad de acordar las medidas de ordenación e instrucción “estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad”, pudiendo continuar así con los plazos.

El organismo recordó hoy que tiene por objeto “garantizar, preservar y promover” el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.

Por ello ha acordado proseguir con sus actuaciones de supervisión y control de todos los mercados, tanto desde la óptica general de defensa y la promoción de la competencia, como desde el marco específico de la regulación sectorial en los sectores y mercados.

“El objetivo es evitar la realización de prácticas anticompetitivas o la manipulación de dichos mercados y para garantizar el buen funcionamiento de los mismos en beneficio de los consumidores y usuarios”, explicó el organismo de Competencia.

También prevé continuar con la tramitación de las circulares previstas en su plan de actuación para el bienio 2019 y 2020, así como los actos de ejecución y desarrollo de las mismas.

De igual manera indicó que continuará, con carácter periódico, con las funciones de liquidación relacionadas con las diversas retribuciones y costes regulados de los sectores de electricidad y gas natural. Con ello se garantiza la sostenibilidad económica de los sectores energéticos y el cumplimiento de otros objetivos singulares de interés público propios de los mismos.