En un informe publicado este martes, la agencia de calificación destaca que aproximadamente el 14% de los ingresos de las comunidades autónomas proceden de sus impuestos propios, mientras que el 86% restante provienen del sistema de financiación.

El informe recuerda que, según este sistema, las comunidades reciben cada año adelantos sobre los recursos a los que tienen derecho basados en las estimaciones del gobierno central sobre la recaudación de impuestos y que las liquidaciones se producen dos años después.

De esta forma, por decisión del Gobierno del pasado 12 de marzo, las autonomías ya están recibiendo los ingresos correspondientes, que son un 7,3% mayores en comparación con los de 2019. En este punto, la agencia resalta que se trata de recursos basados en años ya cerrados, 2017 y 2018, en los que al recaudación de impuestos superó las estimaciones del gobierno, mientras que el impacto de la crisis del coronavirus no se hará efectivo en los ingresos de las comunidades autónomas hasta 2022.

En concreto, el informe señala que comunidades cuya economía se basa en el sector turístico, como Canarias y Baleares, “tendrán que lidiar con un impacto mucho más fuerte en una menor recaudación en 2020”, mientras que otras regiones como Andalucía, Cataluña y Valencia sentirán el efecto “en menor medida”, pero también verán resentirse su sector turístico. En este sentido, el informe subraya que el impacto dependerá de la duración de la crisis y de si la temporada de vacaciones de veranos se ve total o parcialmente afectada.

Por otro lado, S&P apunta a que las regiones con un estatus fiscal especial (Navarra y País Vasco), “sentirán inmediatamente la presión sobre sus ingresos” al ser responsables de recaudar sus propios impuestos. Sin embargo, también destaca que estas regiones “son las más fuertes en España en términos de calidad crediticia”, y no espera que requieran del apoyo del gobierno central para cumplir con sus requisitos financieros.

Por otra parte, el informe también resalta que las comunidades autónomas son las responsables de la asistencia sanitaria, representando este gasto el 40% de sus presupuestos y destaca el apoyo brindado por el Gobierno central para ayudarles a garantizar la atención sanitaria para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

En cualquier caso, la agencia de calificación estima que, a pesar de los mayores ingresos por el sistema de financiación, el mayor gasto que tendrán que asumir las comunidades durante esta crisis del Covid-19 llevará al empeoramiento de su déficit, aunque considera que el impacto podría ser moderado por una menor ejecución de la inversión y la reducción de gastos operativos no esenciales.