Así lo han manifestado ante la decisión de Aena de suspender temporalmente los contratos de servicios debido a la falta de movimiento aeroportuario por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En una carta remitida al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente de Aena, Maurici Lucena, los representantes de las contratas de servicios y los sindicatos apelan a la “responsabilidad” para “compensar a los contratistas de los daños que sufran, a fin de evitar que las consecuencias de la crisis sean soportadas por los más vulnerables, los trabajadores de los sectores afectados”.

Los portavoces de los sindicatos CCOO, Vicente Sánchez; UGT, Miguel Ángel Cilleros y los representantes de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), Javier Siguenza; la Asociación Nacional de Empresas de Asistencia en Movilidad (Aneama), José Luis Antolín; la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Ángel Córdoba; y de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos; a la que se añade la Asociación Empresas Control de Fauna (AECF), José Luis Falomir, piden además que “que no se excluya a Aena del resto de contratos públicos, por cotizar en bolsa, para poder equilibrar el soporte del coste de la suspensión temporal de contratos que Aena quiere hacer en cada aeropuerto”.

Y es que, el paquete de medidas económicas recogidas en el artículo 34 del Real Decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado 17 de marzo disponía una excepción y establecía que las Administraciones Públicas podrían indemnizar a sus contratistas por los daños y perjuicios que les causara la suspensión temporal de sus contratos por la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.

Sin embargo, esta medida dejaba fuera los contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que cotizaran en mercados oficiales y que no obtuvieran ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de Aena. En este sentido, proponen la supresión del apartado d) del artículo 34.6 de manera que el régimen de los contratos adjudicados por Aena se rija por los mismos principios que aplican a las demás administraciones y entidades públicas para evitar que las consecuencias de la crisis “recaigan donde no deben”.

Según los sindicatos y las asociaciones “la decisión que Aena pretende imponer es especialmente injusta, teniendo en cuenta que el gestor aeroportuario es una empresa de titularidad pública, aunque tiene el 49% de su capital en manos privadas y en el año 2019 tuvo unos ingresos de 4.503 millones de euros, con un beneficio de nada menos que de 1.442 millones”.

En este sentido, los firmantes de la carta instan al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Aena a “cambiar la propuesta” y a “actuar como van a hacer el resto de las administraciones y empresas públicas y privadas para compensar sus contratistas” ya que esta actuación “descarga la totalidad del coste en los proveedores de servicios”.

Por último, los diferentes representantes aseguran que si esta decisión de Aena no cambia “va a suponer que las empresas de servicios se vean obligadas a llevar a cabo un ERTE sin ayuda ninguna que afectará a más de 10.000 trabajadores” y apelan al compromiso para preservar y proteger el empleo “para que las empresas no se vean abocadas a destruirlo”.