Según informa el Ministerio en un comunicado, Campo señaló que, como consecuencia del confinamiento, la actividad en las sedes judiciales se ha reducido a un 10% y se ha facilitado el teletrabajo a jueces, fiscales y otros colectivos de la Administración de Justicia.

Indicó que se han suspendido los plazos procesales excepto para los procedimientos penales urgentes y se han identificado los servicios esenciales que deben seguir funcionando durante el estado de alarma, como los relacionados con la protección de los derechos fundamentales y, en general, cualquier acción judicial que pueda causar daños irreparables de no llevarse a cabo.

El ministro destacó las medidas en vigor para la protección de colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género y, en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, señaló que se ha aplicado la misma regla que para los procedimientos judiciales, lo que conlleva que las solicitudes de reconocimiento mutuo solo se expedirán o ejecutarán en casos graves o urgentes, y siempre por vía electrónica.

Asimismo, las órdenes de detención europea están siendo aplazadas de conformidad con el artículo 23 de la Decisión Marco cuando la entrega física no fuera posible.

La excepcionalidad de la situación actual, subrayó el ministro, ha permitido constatar “la importancia del intercambio de información entre autoridades judiciales” y ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con “plataformas electrónicas seguras y con una base jurídica adecuada” para garantizar la autenticidad e integridad de las pruebas transmitidas.

Los ministros de Justicia han compartido también ideas sobre cómo reestablecer el funcionamiento normal de la Justicia tan pronto como finalice la crisis, desde el trabajo conjunto del conjunto de actores del sector para construir desde las lecciones aprendidas una mejor Justicia.

Finalmente, Campo explicó la iniciativa anunciada hace unos días por el Gobierno de España para establecer un Plan de Acción, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que permita reanudar la actividad habitual de la Justicia de manera ordenada y planificada, estableciendo prioridades por jurisdicciones y asuntos en nuestros órganos judiciales.